Propuesta 4

El Futuro de Villa Girondo planteaba una situación imaginaria de debate en torno a la construcción de una represa y el desplazamiento de población que esa obra implicaba. En el juego los ciudadanos y las instituciones participaban decidiendo sobre el destino de la ciudad mediante sus argumentos y sus votos. En los procesos de debate que se han dado a lo largo de los últimos años en torno a la construcción de represas, se han abierto espacios de participación de la población que han asumido diversas características.

Las dos crónicas que se presentan a continuación dan cuenta de ello.

La primera, Proyectos hidroeléctricos en Brasil y surgimiento de la CRAB (Comisión Regional de Afectados por Represas), narra el modo en el que diversas organizaciones en Brasil lograron frenar la construcción la represa de Machadinho.

La segunda, Un plebiscito para elegir un nuevo lugar para Federación, cuenta cómo los habitantes y las instituciones de la ciudad participaron para decidir sobre el lugar en el cual se emplazaría Nueva Federación, la ciudad que reemplazaría a la que finalmente quedó bajo las aguas de la represa de Salto Grande.

Crónica 1
Proyectos hidroeléctricos en Brasil y surgimiento de la CRAB (Comisión Regional de Afectados por Represas)

En los años 60 Brasil emprendió un enorme plan de represas con la idea de generar energía barata que sirviera de base al desarrollo industrial que se planificaba en ese país. Por aquellos años Brasil era gobernado por una dictadura y esto impidió que los millares de afectados por estas obras se organizaran en forma efectiva. Si bien hubo marchas y ocupaciones de represas, estas no lograron concesiones ni mejoras en las indemnizaciones y compensaciones ofrecidas a los habitantes que iban a ser desplazados.

A fines de los 70, cuando aún muchas de esas represas no habían salido de su etapa de estudio y evaluación inicial, la apertura política favoreció la organización, la búsqueda de información y la realización de alianzas con otros sectores políticos y sociales.

Los primeros opositores efectivos a las represas surgieron en 1977 frente a los planes del Estado de construir 22 represas sobre el río Uruguay y sus afluentes. A los directamente afectados se suman religiosos, sindicalistas, activistas de la reforma agraria y agricultores, que comienzan a organizar la resistencia a las dos primeras represas planeadas: Itá y Machadinho. En 1981 se organizan en torno a la CRAB. Sus objetivos iniciales son determinar la cantidad de afectados por la perdida de tierras y/o medios de subsistencia, y exigir una indemnización justa.

La CRAB realiza movilizaciones y acciones directas como por ejemplo la toma de oficinas para impedir el trabajo de los técnicos. La empresa pública abre una mesa de negociaciones. Las alianzas establecidas con otros sectores sociales les da más fuerza y, sobre todo, presencia nacional.

Finalmente la CRAB logra que la empresa negocie con representantes de la comunidad para acordar las indemnizaciones y que la obra no iba a poder ser construida hasta que no se compensaran de manera satisfactoria las consecuencias sociales de la represa.

Esto provoca un enorme aumento de los costos para la empresa y como consecuencia, la postergación indefinida del proyecto Machadinho y demoras importantes en la construcción de la represa de Ita.

Los triunfos obtenidos en el ámbito regional llevan al grupo a organizarse en el ámbito nacional. Con la colaboración del Sindicato Nacional de Trabajadores, grupos defensores de los derechos indígenas y de la reforma agraria, la CRAB ayuda a que todos los afectados en Brasil por la construcción de Represas organicen comités. En 1989 los grupos realizan el primer Encuentro Nacional de Afectados por las Represas que culmina con un llamado a detener la construcción de nuevas obras hasta encontrar solución a los problemas sociales causados por las ya existentes.

Al año siguiente, en 1991 se funda en Brasilia el Movimiento Nacional de Afectados por Represas (MAB). Entre sus objetivos se enuncia la búsqueda de justicia para los afectados y un cambio profundo de las políticas energéticas y de riego.

Crónica 2
Un plebiscito para elegir un nuevo lugar para Federación

La decisión de construir la represa hidroeléctrica de Salto Grande sobre el río Uruguay implicaba, entre otros asuntos, la relocalización de la ciudad de Federación. Dado que no había un único sitio posible para la nueva ciudad que debía construirse, en 1974 el gobierno de la provincia de Entre Ríos decide llevar adelante un plebiscito para que los habitantes de Federación puedan expresarse y decidir en qué lugar se construirá la nueva Federación.

La decisión gubernamental despertó el interés de muchos sectores de la sociedad. Lejos de ser homogénea, la sociedad estaba dividida, política y socio económicamente en diversos grupos, entre los cuales se produjeron enfrentamientos y desacuerdos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones que implicó el plebiscito.

El juego de fuerzas y relaciones estuvo protagonizado por actores como el Sindicato de la Madera, el Sindicato de Bancarios, el Centro de Comercio, Industria e Intereses de Federación, la Comisión pro defensa de los intereses de Federación y del aprovechamiento hidroeléctrico, entre otros. Cada uno de ellos representaba los intereses y las necesidades de distintos sectores de la sociedad local. Pero las fuerzas que intervinieron no solo formaban parte de la ciudad de Federación, como la Unión Vecinal, sino también de partidos políticos constituidos a nivel provincial y nacional, como el partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

No todos los actores tuvieron el mismo peso al momento de decidir, ya que algunos ejercían mayor influencia que otros. Por ejemplo las comisiones que habían sido organizadas y convocadas por el propio Estado tenían más influencia. Esto generó mucho descontento en algunos habitantes de la ciudad, como por ejemplo, entre los vecinos que formaban parte de organizaciones barriales.

En 1974, diversos sectores de la sociedad de Federación se acercan al Concejo Deliberante con la intención de concretar la creación de la Comisión de Participación Popular para la Nueva Federación y el Poblado de Santa Ana (CPP).

Se abrió entonces una primera gran discusión: ¿quiénes iban a integrar dicha Comisión? La incertidumbre aumentaba día a día, pero la decisión no podía dilatarse en el tiempo, ya que los plazos de la ley provincial para la consulta estaban corriendo. Los concejales oficialistas proponían que la Comisión estuviera formada por algunos de sus miembros y por delegados sindicales y asociaciones empresarias productivas. El intendente pedía sumar a la Senadora y los diputados del distrito, al cura, a un representante de las fuerzas vivas, a uno de las juntas vecinales y uno de los gremios. La oposición estaba en desacuerdo, ya que sostenían que los distintos sectores locales quedaban en minoría con respecto a los representantes provinciales.

Luego de muchas discusiones, en mayo de 1974, la comisión queda integrada por representantes de los partidos políticos mayoritarios (Partido Justicialista y Unión Vecinal), dos grupos que representan a la elite local (Centro de Comercio, Industria e Intereses de Federación) y a los trabajadores (CGT local) y las juntas vecinales cooptadas por el Partido Justicialista. El resto de los miembros eran autoridades y representantes del poder regional y local (intendente, cura, diputados y senadora provincial).

El 29 de junio se definen las atribuciones de la CPP: cumpliría las funciones de colaborar y asesorar en cuestiones relacionadas con participación popular. El desempeño de la CPP no fue muy eficiente. Por un lado, sus miembros desconocían el marco jurídico que regía. Por otra parte, no todos podían asistir a las reuniones: el representante de las Juntas Vecinales, por ejemplo, era jornalero; si faltaba a su trabajo, no cobraba su jornal.

Los representantes del Concejo Deliberante tienen motivos de queja, recogidas en las Actas del Consejo Deliberante. Uno de los ediles que integra la CPP afirma:

“La participación no se dio como esperábamos: hasta hace pocos días no teníamos ni voz ni voto Otra observación que debo hacer es que las convocatorias se hacían por iniciativa del señor “XX”, presidente de Estudios Nueva Federación y Santa Ana (ENFYSA). Si este señor no podía asistir o estaba de viaje, las reuniones se suspendían…Estimo que así es muy difícil canalizar las inquietudes de los habitantes de Federación”.

Actas del Concejo Deliberante, 1972

El 7 de septiembre el presidente de ENFYSA, presenta las posibles localizaciones de la Nueva Federación. La disputa se agranda. Un habitante de la ciudad cuenta:

“Federación se dividió entre los ricos que querían que se ubicara en La Amelia y los pobres que querían que se construyera en La Virgen. Después, en vez de querer La Amelia o La Virgen, la cosa era estar con o contra el pobrerío o los ricos… así fueron las cosas”.
Finalmente la propuesta ganadora es la ubicación Virgen-Federación. Era la más cercana y, como se demostró después, la mejor, tanto por la calidad de los suelos como por el menor impacto de desarraigo. A pesar de los conflictos, disputas y desacuerdos los habitantes de la ciudad están convencidos de que “el destino de Federación no lo impusieron... lo hizo Federación”.